En medio de la crisis que atraviesan los distintos ámbitos carcelarios y otros lugares de detención del Estado provincial, la Casa de Gobierno apunta a darle impulso a un organismo de contralor específico para atender esa situación.

El gobernador, Juan Manzur, dispuso la publicación en la edición de ayer del Boletín Oficial de la ley 9.266, que había sido sancionada por la Legislatura en la sesión del 11 de junio.

Mediante dicha norma, se reformuló el texto de creación de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, vigente desde 2012. En los fundamentos del proyecto, elevado por el propio Poder Ejecutivo, se había expresado que el objetivo de la modificación era "facilitar la operatividad" del órgano "en un contexto institucional adecuado a la actual conformación de la estructura administrativa de la Provincia".

Se consideró importante el "balance en la composición" del comité, incorporando al Ministerio Público Fiscal y al Ministerio de la Defensa, y "garantizando la representatividad de los tres poderes del Estado y de la sociedad civil".

Además, estableció un sistema de postulación y designación de los ciudadanos que estén interesados en integrar ese equipo interdisciplinario (la labor es ad honórem, por ley).

Esta comisión es definida en la norma de creación como "un organismo "descentralizado, independiente y con personalidad jurídica propia, funcionalmente autónomo y financieramente autárquico". Es la autoridad de aplicación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, aprobado por ley nacional 25.932.

Su competencia es "la defensa y protección de los derechos y garantías consagrados en los tratados internacionales, la Constitución nacional, provincial y demás leyes de toda persona que se encuentre o pueda encontrarse privada de su libertad de cualquier modo, en cualquier tipo de establecimiento bajo jurisdicción y control del Estado provincial".

En la modificación legislativa se incluyó un artículo denominado "investigaciones y acciones judiciales".

"La Comisión está facultada para iniciar y proseguir de oficio o a petición del interesado, cualquier investigación conducente al esclarecimiento de actos, hechos u omisiones que impliquen privaciones ilegítimas de libertad, o agravamiento injustificado en las condiciones de detención, a los efectos de efectuar las denuncias administrativas y judiciales correspondientes, así como para formular las recomendaciones y advertencias previstas en esta ley", indica la nueva ley vigente. Y agrega: "la Comisión podrá promover acciones judiciales, incluyendo medidas cautelares, con el objeto de asegurar el cumplimiento de sus funciones y fines, pudiendo presentarse como querellante o particular damnificado, según la jurisdicción de que se trate".

Además, se estableció que "las actuaciones gozarán del beneficio de litigar sin gastos, serán gratuitas y no requerirán patrocinio letrado".

Un informe reciente de LA GACETA dio cuenta de que hay detenidos alojados en oficinas policiales porque no hay lugar en las comisarías. Según los datos oficiales, hay 1.320 presos hay las unidades carcelarias de Tucumán, mientras que 983 personas se encuentran en dependencias policiales.